jueves, 25 de abril de 2013

Empresa privada exige al gobernador Urquizo acatar fallo en favor de Soboce

El empresariado privado del país demandó ayer al gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizo, acatar el fallo judicial que ordena a esta institución pagar 93.35 millones de dólares y un 6% de este monto por daños a perjuicios a la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) por la reversión accionaria de Fancesa.

El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Daniel Sánchez, hizo un llamado al cumplimiento de la Ley, ya que la justicia dio una muestra de imparcialidad en este caso.

“En este país donde se está trabajando una Ley de Inversiones no debería haber discusión alguna si confiamos en el sistema judicial. Creemos que un fallo de esta magnitud debe ser acatado por las autoridades porque en todo caso no se ha podido demostrar lo contrario”, insistió.

El gobernador Urquizo declaró que “por encima de cualquier criterio jurídico se defenderán los intereses económicos del departamento”. Incluso Urquizo hizo un llamado a los denominados “sectores sociales”, afines al partido de Gobierno a movilizarse en contra de la determinación de la Justicia.

Al respecto, Sánchez indicó que si la Gobernación de Chuquisaca hubiera tenido algunas otras alternativas de solución a este conflicto, ya las hubiera planteado.

PLAZO INCUMPLIDO

La posición de la CEPB se sustenta en que todos los decretos de nacionalización de las empresas incorporan un plazo de 180 días para que se reponga o restituya el pago a la empresa o persona que haya sufrido una nacionalización, sostuvo Sánchez.

“En este caso han sobrepasado los 180 días y creo que la Gobernación que tiene plata con los recursos de las petroleras, debe acatar el fallo judicial si el Gobernador es respetuoso de la ley”, manifestó el directivo empresarial.

La expropiación se realizó hace 968 días mediante decreto 0616. La sentencia también impuso a la Gobernación el pago del 6 por ciento por daños y perjuicios y por la mora incurrida por la expropiación del 33,34 por ciento de las acciones de la cementera chuquisaqueña que estaban en poder de Soboce.

RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO

Consultado sobre una eventual negativa de la Gobernación de Chuquisaca para cumplir lo dispuesto por las autoridades judiciales, dijo que debe ser el Gobierno Central el que asuma esa responsabilidad.

“Si no se puede llegar a un pago compensatorio a través de las cuentas de la Gobernación deberá ser el Gobierno el que castigue las cuentas de la Gobernación y proceda con el pago a la empresa”, precisó el dirigente.

Insistió que la justicia en este caso ha dado una muestra al país sobre la independencia de poderes de parte del juez que ha administrado el fallo. “Si nosotros empezamos a no cumplir con las determinaciones de los jueces que hemos elegido, muy poco creíble va a ser la seguridad jurídica a los inversores”, indicó.

SENTENCIA

La pasada semana se notificó a Soboce con la sentencia del Juzgado Séptimo de Partido en lo Civil, del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, que declara probada su demanda en el proceso seguido en contra del Gobierno Autónomo de Chuquisaca por la falta de pago tras la expropiación del 33,34% de las acciones de Fancesa.

De acuerdo con dicha sentencia, la Gobernación debió pagar a Soboce a los 180 días de la expropiación, en consideración al Decreto Supremo 0616. Ahora, según el fallo judicial, la Gobernación tenía un plazo de tres días, desde el momento en de la notificación, para hacer efectivo el pago.

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