La Contraloría denunció al juez Séptimo de Partido en lo Civil y Comercial de la Capital, Fernando Gilber Avilés por la supuesta comisión del delito de prevaricato por haber dictado una sentencia que obliga a la Gobernación de Chuquisaca el pago de $us 93 millones en favor de la Sociedad Boliviana de Cemento (SOBOCE) por sus acciones revertidas en FANCESA.
El representante regional de la Contraloría General del Estado, Amilcar Ayala, confirmó la presentación de una demanda penal en contra del juez Avilés porque en el fallo emitido habría incurrido en la condenación indebida de costas judiciales e incompetencia del juez para conocer el proceso.
Ayala señaló que el Código de Procedimiento Civil establece que no correspondía aplicar costas al Gobierno Departamental por tratarse de una institución del Estado adecuando su conducta al tipo penal de prevaricato.
“Ojala que con la denuncia penal presentada, se pueda sentar precedente en la lucha contra la comisión de delitos de corrupción, en este caso de autoridades judiciales”, sostuvo Ayala.
El contralor regional señaló también que el juez al haber sustanciado el proceso iniciado por SOBOCE contra la Gobernación de Chuquisaca, habría dictado sentencia usurpando funciones y atribuciones reservadas para otra vía, vulnerando por tanto, la Ley y adecuando su conducta al delito de prevaricado” previsto en el Código Penal.
El juez en entrevista con este diario hace una semana sostuvo que para dictar sentencia se basó estrictamente en la ley y el procedimiento y está dispuesto a asumir su defensa en cualquier instancia. Agregó que ninguna de las partes cuestionó su competencia en el proceso.
Por su parte la AMABOL cuestionó el inicio de juicios cuando la sentencia aún está en revisión en instancias superiores
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