viernes, 24 de mayo de 2013

Doria Medina defiende derecho de Soboce a acudir a la justicia

El empresario y dirigente de la opositora Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, defendió hoy el fallo de un juez de primera instancia que ordenó a la Gobernación de Chuquisaca el pago de cerca de 93 millones de dólares por la expropiación de acciones de la cementera Soboce en la Fábrica de Cemento Sucre (Fancesa).

Doria Medina pidió que se respete el trabajo de los jueces, y aseguró que "este es un caso muy importante para el futuro de la propiedad privada en Bolivia", pues reiteró que hasta ahora el Gobierno no ha repuesto el valor del paquete accionario que fue revertido al Estado mediante un decreto supremo.

"Algún momento va a caer el peso de la ley sobre los que no quieren cumplirla; nos confiscan acciones y luego no quieren pagarnos", dijo Doria Medina a los periodistas, al reiterar que Soboce, de la que es uno de los principales socios, continuará ejerciendo su derecho a representar sus reclamos por la vía judicial.

Doria Medina participó este viernes en Sucre de la donación de más de 700 bolsas de cemento Soboce al Instituto Psiquiátrico "Gregorio Pacheco" de esta ciudad, las cuales serán destinadas a mejorar la infraestructura de ese hospital, según se informó.

Sobre este caso, la Contraloría denunció en pasadas horas al juez Séptimo de Partido en lo Civil y Comercial de la Capital, Fernando Gilber Avilés por la supuesta comisión del delito de prevaricato al haber dictado una sentencia que obliga a la Gobernación de Chuquisaca el pago de $us 93 millones en favor de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) por sus acciones revertidas en FANCESA.

El representante regional de la Contraloría General del Estado, Amilcar Ayala, confirmó la presentación de una demanda penal en contra del juez Avilés porque en el fallo emitido habría incurrido en la condenación indebida de costas judiciales e incompetencia del juez para conocer el proceso.

Ayala señaló que el Código de Procedimiento Civil establece que no correspondía aplicar costas al Gobierno Departamental por tratarse de una institución del Estado adecuando su conducta al tipo penal de prevaricato.

"Ojala que con la denuncia penal presentada, se pueda sentar precedente en la lucha contra la comisión de delitos de corrupción, en este caso de autoridades judiciales", sostuvo Ayala.

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