Afirman que empresa 'offshore' medió en la venta de Soboce

Sergio Sainz, representante de la empresa mexicana Grupo de Cemento Chihuahua, exsocio de Samuel Doria Medina, dijo este lunes que fue el empresario boliviano quien el año 2005 pidió la intermediación de Akapana, empresa offshore en Panamá, para la venta de las acciones de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) y librarse del pago de impuestos.

"El procedimiento de negociación se realizó en la ciudad de La Paz, con funcionarios de Soboce, aproximadamente tres semanas, finalmente se firmó el contrato de compraventa con Akapana SA en el domicilio de Soboce (...) el día 22 de septiembre de 2005. El monto fue sustancialmente mayor al que se reportó a las autoridades bolivianas", sostuvo Sainz.

Este lunes el representante de la empresa Chihuahua asistió a una sesión de la Comisión de la Asamblea Legislativa que analiza el caso "Papeles de Panamá", en la que respondió a un cuestionario de seis preguntas, relacionadas a un proceso de compraventa de acciones de Soboce.

Insistió en que la transacción fue "sustancialmente mayor" a la declarada a autoridades bolivianas, pero no especificó el monto.

Respecto al motivo por el cual se había incluido a la empresa panameña Akapana SA en la acción de compraventa de transacciones de Soboce, Sainz manifestó que "fue a solicitud del señor Samuel Doria Mediana y los demás accionistas de la Compañía de Inversiones Mercantiles SA", el accionista mayoritario de Soboce, agregó.

El representante de la empresa mexicana remarcó que en ningún momento solicitó incluir en la firma a la empresa offshore.

"He escuchado en la prensa que el señor Doria Medida (dijo) que fue a solicitud de grupo Cemento de Chihuahua SA que se utilizó la empresa de Akapana en la transacción, y no, fue a solicitud de él que se utilizó la empresa Akapana", insistió.

Samuel desmiente

En horas de la tarde, Doria Medina, mediante su cuenta de Twitter, manifestó que la "Comisión congresal sigue el juego a una empresa extranjera que perdió el arbitraje, se niega a pagar y se alía con oficialistas para acusarnos".

Posteriormente publicó un comunicado en el que califica a la acusación como una "maniobra distractiva" del Gobierno:

"El gobierno ha acusado por enésima vez a Samuel Doria Medina de un hecho supuestamente irregular para distraer y salir de los apuros políticos y de imagen a los que lo ha llevado en los últimos días su desconocimiento de facto de los resultados del referendo del 21F.

No es la primera vez que el Gobierno recurre al expediente de hacer una denuncia contra Samuel Doria Medina para evitar responder a las acusaciones en su contra. En el pasado sacó de la galera la investigación de la Asamblea Legislativa sobre el “caso FOCAS” poco después de que Doria Medina hubiera presentado su investigación sobre el programa “Evo Cumple”.

Esta vez la acusación a Samuel se refiere a la venta realizada por él y su familia (CIMSA), en 2005, del 49% de las acciones de SOBOCE al grupo mexicano Chihuahua, a través de una empresa creada por los Doria Medina en Panamá, llamada Akapana, la cual compró inicialmente las acciones y poco después las vendió a Chihuahua. El Gobierno alega que esta operación se realizó a fin de evadir impuestos.

Esto es falso y Doria Medina lo rechaza completamente.

Lo que ocurrió en verdad fue siguiente:

-CIMSA sí pagó impuestos por la transacción, de acuerdo a la forma de calcularlos en en ese momento. Esto le significó una erogación 20 millones de bolivianos (casi tres millones de dólares) a favor del fisco.

-CIMSA no hizo la operación mencionada para no pagar impuestos. Si ese hubiera sido su criterio y su interés, habría podido vender las acciones a través de la Bolsa Boliviana, en cuyo caso el costo tributario habría sido de cero, ya que la compra-venta de acciones en la bolsa no genera ningún impuesto.

-Si CIMSA decidió usar la empresa Akapana fue porque el grupo Chihuahua exigió que la transacción de compra de las acciones se efectuara con una empresa que no fuera boliviana. Akapana, entonces, no se creó para eludir impuestos, sino solamente para cumplir con la exigencia de Chihuahua. Si el objetivo de la familia Doria Medina hubiera sido la “optimización tributaria”, entonces el camino lógico habría sido acudir a la bolsa.

-En 2005 las transacciones de este tipo no se hallaban reguladas por el Estado. Por tanto, CIMSA no cometió ningún delito al proceder así.

-El Gobierno y el oficialismo han transgredido el derecho a la “reserva impositiva” que las leyes conceden a todos los contribuyentes, al hacer pública la declaración de impuestos de CIMSA en una conferencia de prensa, por motivos políticos. La legislación establece que las cuentas impositivas solo pueden ser usadas por las autoridades para exigir el pago de las contribuciones y no para sancionar a los contribuyentes.

-Ninguna versión hecha por Chihuahua sobre esta transacción es confiable, pues el grupo mexicano se encuentra en un complejo arbitraje con Doria Medina en torno a la forma en que salió de Soboce en 2011 y por eso está usando acusaciones y recursos de todo tipo con la esperanza de no tener que pagar lo que los tribunales han señalado como el resarcimiento que le debe a la familia Doria Medina".