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lunes, 9 de octubre de 2017

Itacamba apunta a Sucre como "plaza importante"


CAPACIDAD

De acuerdo con las proyecciones la planta integral de cemento de Yacuses de Itacamba producirá el 75% de las 1,3 millones de toneladas anuales que demanda el mercado de la construcción de Santa Cruz.

La empresa cruceña Itacamba Cemento S.A. considera a Sucre “una plaza importante” dentro de sus futuros planes de expansión comercial, aunque de momento el objetivo principal de esa cementera es consolidarse en el mercado cruceño, según afirmó su gerente comercial, Miguel Barba.

“Nuestro objetivo principal es consolidarnos en el mercado cruceño, misión en la que tenemos un exitoso avance. Sumado a esto, hemos logrado una importante presencia en los departamentos de Beni, Cochabamba y en el Chaco tarijeño, por la calidad y la competitividad de Cemento Camba”, subrayó en una respuesta a un cuestionario escrito de CORREO DEL SUR.

“Fuera del eje troncal, Sucre es una plaza muy importante”, dijo el ejecutivo de la empresa, quien no brindó mayores detalles sobre futuros proyectos de expansión hacia la región, aunque también señaló que Cemento Camba tuvo una importante aceptación en Monteagudo, principal localidad del Chaco chuquisaqueño. “Nuestros clientes en Monteagudo están muy satisfechos con el rendimiento y calidad de Cemento Camba y el servicio que brindamos como empresa”, acotó.

"Conocemos que en el occidente del país aún se importa este insumo desde Perú y esto quiere decir que falta cemento en la región. Ésta es una oportunidad para toda la industria nacional ya que hoy existe capacidad suficiente en el país para atender toda la demanda y no importar. Nosotros estamos atendiendo los requerimientos de clientes que operan en esta ciudad y la calidad y servicio nuestro están generando que los requerimientos sean crecientes", insistió.

Barba también resaltó la calidad industrial de la nueva empresa que comenzó sus operaciones en diciembre del año pasado. “En Itacamba Cemento S.A. tenemos la planta más moderna del país, lo que nos permite producir el cemento de la más alta calidad con costos muy competitivos para atender la demanda que pueda existir en esta ciudad y en el resto del país”, apuntó.

Explicó que la empresa cuenta con el Cemento de Uso General (IF 30) y el Cemento Estructura (IF 40) en bolsas de 50 kilos. Dijo también que Itacamba Cemento S.A. produce y comercializa cemento estructural en big bags de 2 toneladas y en cisternas de hasta 30 toneladas.

"Nuestro cemento de uso estructural se caracteriza por su alta resistencia a temprana edad y es ideal para grandes infraestructuras. Este cemento se distingue por generar ahorros importantes en consumo de cemento, eficiencia en tiempos de trabajo por su alta resistencia a temprana edad y elevadas resistencias finales", destacó el gerente comercial de la cementera cruceña.

El surgimiento de nuevas empresas cementeras en el país, pero sobre todo en el departamento de Santa Cruz, principal mercado de la producción de la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (FANCESA) generó inquietud entre las instituciones regionales, sobre todo en las tres copropietarias de la empresa.

En agosto último, FANCESA redujo su producción a 64.000 bolsas por día de las 72.000 que producía, lo que coincidió con su caída de ventas en Santa Cruz.

Hace pocos días atrás el gerente general de Fancesa, Marcelo Díaz, minimizó cualquier riesgo inmediato para el mercado de la cementera local.

Pidió “no alarmarse” porque, según dijo, los volúmenes ofertados son "marginales", al referirse al posible ingreso de cemento cruceño. Sin embargo, aseguró que la estrategia comercial de FANCESA “contempla la entrada de la competencia, pero también contempla resistencia y respuesta a la misma".

Díaz pidió el mismo trato cuando la cementera chuquisaqueña también penetre a sus tradicionales plazas comerciales en el interior del país.

La Planta Integral de Cemento de Santa Cruz, ubicada en la población de Yacuses, provincia Germán Busch, inició operaciones con una capacidad de producción anual de 1,2 millones de toneladas que equivalen a 65.000 bolsas de 50 kilogramos por día.

La producción del megacomplejo industrial de Itacamba Cemento S.A. se destinará inicialmente para cubrir la demanda del mercado de Santa Cruz, Beni y el oriente de Tarija, señala un boletín empresarial de esa empresa.

lunes, 2 de octubre de 2017

Venta de acciones de Soboce Comisión no encontró indicios imputables contra Doria Medina

El presidente de la Comisión Mixta que investigó el caso “Papeles de Panamá” en Bolivia, Manuel Canelas, señaló que no encontraron indicios imputables contra Samuel Doria Medina sobre la venta de acciones de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) a la firma mexicana Grupo Cementos de Chihuahua, el caso será remitido a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) para su investigación.

“Vamos a enviar ese informe no a la Fiscalía porque no encontramos indicios suficientes de delito pero le enviamos el informe de Doria Medina a la UIF y al SIN (…) Con lo que tenemos ahora no hay como imputarle delitos a Samuel Doria Medina, eso también es verdad”, señaló Canelas.

El legislador dijo que existe un contrato firmado entre Doria Medina y la empresa mexicana donde aparecen los montos que se manejaron en la venta del 46,7% de las acciones de Soboce y dicho documento está en manos de la Autoridad de Empresas Bolivianas.

Añadió que la UIF y el SIN deberán solicitar el contrato donde se establece el monto real de la transacción que manejaron en el proceso de compra y venta del paquete accionario.

Recordó que Doria Medina sostiene que la venta se realizó por Bs 270 millones, mientras que los estados financieros de la empresa mexicana revelan que el trato fue por alrededor de Bs 526 millones. Para el MAS esto puede constituir en un acto de evasión de impuestos.

“Si el monto (en el contrato) se parece a lo que dicen los impuestos mexicanos y Vicepresidencia, Samuel Doria Medina tiene un problema (…) (porque eso) dice que mintió y debería haber pagado otros impuestos”, afirmó.

Para Canelas revisar el contrato permitirá esclarecer qué es lo que pasó con la venta que hizo Doria Medina.

El sábado la Comisión Mixta que investigó el caso de los Papeles de Panamá, desde el año pasado, concluyó su labor con la aprobación de un informe que será remitido a la presidencia de la Asamblea Legislativa, instancia que también deberá aprobar el informe.

El documento establece recomendaciones y conclusiones respecto a las indagaciones de familias y empresas que pudieron haber hecho uso de paraísos fiscales en sus transacciones con un daño al Estado en especial en el ámbito tributario. (ANF)

viernes, 29 de septiembre de 2017

Calculan en Bs 203 MM la deuda por evasión en venta de SOBOCE



La comisión que investiga el caso Papeles de Panamá calcula en Bs 203 millones la deuda impositiva actualizada de Samuel Doria Medina por la evasión en la venta, en 2005, del 46,5% de sus acciones en Soboce a la firma offshore Akapana, de propiedad de su familia.

La información corresponde al diputado de Unidad Demócrata (UD) Víctor Gutiérrez Flores, miembro de la Comisión Especial Mixta de Investigación de Empresas y Empresarios Bolivianos relacionados con los Papeles de Panamá.

“En 2005 evitan pagar Bs 55 millones más (por impuestos), pero como no pagaron y dijeron que lo vendieron en menor precio (las acciones de Soboce), esa deuda de Bs 55 millones a 2005, si la actualizamos y aplicamos intereses a 2017, esa deuda impositiva ascendería hoy a Bs 203 millones”, explicó el legislador a La Razón.


Este medio intentó comunicarse ayer con el empresario y político opositor Samuel Doria Medina, pero su responsable de comunicación pidió que se le envíe un cuestionario para que éste conteste al requerimiento periodístico. Hasta el cierre de la presente edición (23.00) no hubo respuesta.

El lunes, el director Jurídico del Grupo Cementos de Chihuahua (GCC), Sergio Sáenz, respondió a un cuestionario de la comisión investigadora, en la que confirmó que la venta del 46,5% de las acciones de Soboce fue por un monto mayor al declarado por Doria Medina.

El lunes, a través de su cuenta Twitter, el empresario dijo: “Mexicanos quieren generar líos para no pagar laudo arbitral. Mienten que transacción fue menor, si hubo dos transacciones diferentes”.



El vicepresidente Álvaro García, el 9 de noviembre de 2016, anunció ya que el empresario evadió al menos Bs 54 millones por la venta del 46,5% de las acciones de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) a la mexicana GCC. “Soboce vendió el 46,5% de las acciones a Akapana a un precio bajo y Akapana vendió a Cementos de Chihuahua a un precio caro”.

Cementera Fancesa anunció inversiones por $us 200 MM

El gerente general de la fábrica de cemento Fancesa, Carlos Marcelo Díaz, anunció ayer, en Santa Cruz, que esa empresa invertirá más de 200 millones de dólares en la construcción de una nueva planta, con el fin de aumentar su oferta y ampliar la venta a otros mercados de la región.

“Pensando en satisfacer nuestro mercado con potencial, se ha decidido la inversión de más de 200 millones de dólares en una nueva línea de producción, que es el montaje de una nueva planta y esto implica un 70 por ciento del aumento de nuestra capacidad productiva”, informó a los periodistas.

PRODUCCIÓN

Anunció que prevén que esa nueva planta esté en funcionamiento a partir del segundo semestre de 2019 e implica que duplicará su producción, a más de un millón de bolsas de cemento.

Díaz dijo que el principal objetivo de esa ampliación de su capacidad productiva es ofrecer una bolsa de cemento a menor costo y con altos estándares de calidad.

Adelantó que ese nuevo emprendimiento estará destinado a atender principalmente el mercado de Santa Cruz y el resto del oriente boliviano.

CLINKER

La producción de la planta actual es de 2.760 toneladas de clínker por día, que cubre la demanda de Chuquisaca y el occidente del país.

La cementera adoptó hace varios meses una agresiva política de precios en la capital oriental a objeto de competir con la empresa Itacamba.

Piden a Canelas confirmar versión de representante de Chihuahua

Cinco diputados de oposición lamentaron que el presidente de la comisión mixta de la Asamblea Legislativa que investiga Papeles de Panamá, Manuel Canelas, haya dado fe a las declaraciones del funcionario de la empresa Chihuahua, Sergio Sainz, en contra del líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, conociendo que existe un conflicto de intereses entre ellos.

El funcionario de la cementera Chihuahua, exsocia de la familia Doria Medina, dijo en su declaración ante la comisión que el empresario nacional pidió la creación de una empresa off shore con el propósito de evadir impuestos en la venta de acciones de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), de propiedad del político boliviano, a la firma mexicana.

“Hasta en un proceso de mínima cuantía, cualquier persona que interroga a un testigo desea verificar la credibilidad de éste o sus motivaciones”, señala la carta enviada por los diputados a Canelas a la que accedió ANF.

El martes, el representante de la empresa mexicana apareció ante la comisión legislativa que investiga el caso Papeles de Panamá y respondió siete preguntas acerca de la compra de acciones de la empresa Soboce en 2005, que entonces era propiedad de Samuel Doria Medina.

Afirmó que pagó un monto mayor que el que había declarado Samuel Doria Medina cuando se hizo la transacción, en septiembre de 2005. También dijo que la creación de la empresa off shore Akapana fue solicitada por Doria Medina y no por los mexicanos compradores.

Los diputados firmantes citaron el Artículo 169, inciso II, numeral 5 del Código Procesal Civil, referida a la tacha relativa, y dice que un testigo puede ser descartado si “…tuviere litigio pendiente con la parte contraria a su presentante”.

“Aunque la Comisión que usted preside no conduce ninguna acción judicial como es evidente, extraña que no tuviera ninguna curiosidad de indagar por qué una empresa mexicana como Cementos Chihuahua, que no tiene ya intereses accionarios en Bolivia, se toma el trabajo y el costo de enviar a su representante desde México a Bolivia, para declarar contra sus exsocios”, se lee en la carta.

Los diputados Wilson Santamaría, Shirley Franco, Agustín Condori, María Eugenia Calcina y Miguel Ángel Feeney demandan a Canelas que tenga la misma atención con Chihuahua así como dedica tiempo a los políticos opositores.

martes, 26 de septiembre de 2017

Afirman que empresa 'offshore' medió en la venta de Soboce


Sergio Sainz, representante de la empresa mexicana Grupo de Cemento Chihuahua, exsocio de Samuel Doria Medina, dijo este lunes que fue el empresario boliviano quien el año 2005 pidió la intermediación de Akapana, empresa offshore en Panamá, para la venta de las acciones de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) y librarse del pago de impuestos.

"El procedimiento de negociación se realizó en la ciudad de La Paz, con funcionarios de Soboce, aproximadamente tres semanas, finalmente se firmó el contrato de compraventa con Akapana SA en el domicilio de Soboce (...) el día 22 de septiembre de 2005. El monto fue sustancialmente mayor al que se reportó a las autoridades bolivianas", sostuvo Sainz.

Este lunes el representante de la empresa Chihuahua asistió a una sesión de la Comisión de la Asamblea Legislativa que analiza el caso "Papeles de Panamá", en la que respondió a un cuestionario de seis preguntas, relacionadas a un proceso de compraventa de acciones de Soboce.

Insistió en que la transacción fue "sustancialmente mayor" a la declarada a autoridades bolivianas, pero no especificó el monto.

Respecto al motivo por el cual se había incluido a la empresa panameña Akapana SA en la acción de compraventa de transacciones de Soboce, Sainz manifestó que "fue a solicitud del señor Samuel Doria Mediana y los demás accionistas de la Compañía de Inversiones Mercantiles SA", el accionista mayoritario de Soboce, agregó.

El representante de la empresa mexicana remarcó que en ningún momento solicitó incluir en la firma a la empresa offshore.

"He escuchado en la prensa que el señor Doria Medida (dijo) que fue a solicitud de grupo Cemento de Chihuahua SA que se utilizó la empresa de Akapana en la transacción, y no, fue a solicitud de él que se utilizó la empresa Akapana", insistió.

Samuel desmiente

En horas de la tarde, Doria Medina, mediante su cuenta de Twitter, manifestó que la "Comisión congresal sigue el juego a una empresa extranjera que perdió el arbitraje, se niega a pagar y se alía con oficialistas para acusarnos".

Posteriormente publicó un comunicado en el que califica a la acusación como una "maniobra distractiva" del Gobierno:

"El gobierno ha acusado por enésima vez a Samuel Doria Medina de un hecho supuestamente irregular para distraer y salir de los apuros políticos y de imagen a los que lo ha llevado en los últimos días su desconocimiento de facto de los resultados del referendo del 21F.

No es la primera vez que el Gobierno recurre al expediente de hacer una denuncia contra Samuel Doria Medina para evitar responder a las acusaciones en su contra. En el pasado sacó de la galera la investigación de la Asamblea Legislativa sobre el “caso FOCAS” poco después de que Doria Medina hubiera presentado su investigación sobre el programa “Evo Cumple”.

Esta vez la acusación a Samuel se refiere a la venta realizada por él y su familia (CIMSA), en 2005, del 49% de las acciones de SOBOCE al grupo mexicano Chihuahua, a través de una empresa creada por los Doria Medina en Panamá, llamada Akapana, la cual compró inicialmente las acciones y poco después las vendió a Chihuahua. El Gobierno alega que esta operación se realizó a fin de evadir impuestos.

Esto es falso y Doria Medina lo rechaza completamente.

Lo que ocurrió en verdad fue siguiente:

-CIMSA sí pagó impuestos por la transacción, de acuerdo a la forma de calcularlos en en ese momento. Esto le significó una erogación 20 millones de bolivianos (casi tres millones de dólares) a favor del fisco.

-CIMSA no hizo la operación mencionada para no pagar impuestos. Si ese hubiera sido su criterio y su interés, habría podido vender las acciones a través de la Bolsa Boliviana, en cuyo caso el costo tributario habría sido de cero, ya que la compra-venta de acciones en la bolsa no genera ningún impuesto.

-Si CIMSA decidió usar la empresa Akapana fue porque el grupo Chihuahua exigió que la transacción de compra de las acciones se efectuara con una empresa que no fuera boliviana. Akapana, entonces, no se creó para eludir impuestos, sino solamente para cumplir con la exigencia de Chihuahua. Si el objetivo de la familia Doria Medina hubiera sido la “optimización tributaria”, entonces el camino lógico habría sido acudir a la bolsa.

-En 2005 las transacciones de este tipo no se hallaban reguladas por el Estado. Por tanto, CIMSA no cometió ningún delito al proceder así.

-El Gobierno y el oficialismo han transgredido el derecho a la “reserva impositiva” que las leyes conceden a todos los contribuyentes, al hacer pública la declaración de impuestos de CIMSA en una conferencia de prensa, por motivos políticos. La legislación establece que las cuentas impositivas solo pueden ser usadas por las autoridades para exigir el pago de las contribuciones y no para sancionar a los contribuyentes.

-Ninguna versión hecha por Chihuahua sobre esta transacción es confiable, pues el grupo mexicano se encuentra en un complejo arbitraje con Doria Medina en torno a la forma en que salió de Soboce en 2011 y por eso está usando acusaciones y recursos de todo tipo con la esperanza de no tener que pagar lo que los tribunales han señalado como el resarcimiento que le debe a la familia Doria Medina".

Monto de venta de Soboce fue mayor al reportado en el país



La venta de cerca del 50 por ciento de las acciones de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) a Chihuahua fue por un monto mayor al declarado en el país, reveló el representante de la empresa mexicana, Sergio Sainz Gutiérrez.

“El procedimiento de negociación se realizó en la ciudad de La Paz con funcionarios de Soboce, aproximadamente por tres semanas, y finalmente se firmó el contrato de compra venta con Akapana en el domicilio de Soboce, en calle Mercado 1075, el 22 de septiembre de 2005. El monto fue sustancialmente mayor al que se reportó a las autoridades bolivianas”, declaró Sainz a la comisión que investiga los ‘Papeles de Panamá’.

Además, reveló que el empresario Samuel Doria Medina fue quien solicitó que la venta de las acciones de Soboce se la realice por intermedio de la empresa offshore Akapana, creada en Panamá.

Culminada la declaración de Sainz, el presidente de la Comisión Mixta Especial de Investigación Papeles de Panamá, Manuel Canelas (MAS-IPSP), indicó que, de acuerdo con la información del Servicio de Impuestos Nacionales, la denuncia del Vicepresidente y el informe del representante de Chihuahua desmienten los argumentos del empresario y político Samuel Doria Medina.

“Si es así, los impuestos que pagó no son los que debería pagar”, señaló.

En respuesta, el empresario Doria Medina, a través de su cuenta de Twitter, replicó: “Comisión congresal sigue el juego a empresa extranjera que perdió arbitraje, se niega a pagar y se alía con oficialistas para acusarnos”.

MONTOS

De acuerdo con Canelas y la información obtenida por declaraciones de Samuel Doria Medina, efectuadas en diciembre (2016) y enero (2017), la venta de cerca del 50 por ciento de las acciones Soboce se hizo por alrededor de Bs 270 millones. En cambio, en los estados financieros de la empresa Chihuahua, en 2005, se habla de Bs 526 millones, lo que hace presumir que en esta transacción Soboce evadió el pago de impuestos por los restantes Bs 256 millones.

Finalmente será el contrato entre Chihuahua y Soboce, que se encuentra en manos de la Autoridad de Empresas, el que devele el monto original y certifique “quién dice la verdad”, sostuvo el diputado Manuel Canelas.

El diputado Víctor Gutiérrez indicó que en el informe final se incluirá a al menos tres empresas que evadieron impuestos a través de los paraísos fiscales.


APUNTES

De acuerdo con los cálculos que se efectuaron durante la investigación de la comisión, al menos unos $us 20.000 millones fueron a parar a los paraísos fiscales en los últimos 20 años.
Los legisladores presentarán su informe el 30 de septiembre.