El abogado Armando Cardozo, que patrocina a la Sociedad Boliviana de Cemento (SOBOCE) en algunos litigios, observó ayer la actuación de la Contraloría General del Estado (CGE) en el proceso que SOBOCE instauró en contra de la Gobernación de Chuquisaca por el incumplimiento del Decreto Supremo 616. Dijo que no le correspondía intervenir en el asunto, sino hasta después del acto administrativo.
“No es parte en este proceso. Su control, además, es posterior a un acto administrativo. Está prohibida de hacer controles ‘pre’, o sea, antes de finalizar el acto. Por lo tanto, el acto que está haciendo, al presentar un memorial, no corresponde”, señaló.
También aseguró que “es falso” que SOBOCE debió tramitar el asunto en la vía administrativa. “Claro que el juez tenía competencia. El documento (el DS 616) dice páguese. Yo, ¿dónde voy a recurrir, para hacer cumplir la norma? Voy ante el juez, porque se trata de una obligación, una relación de obligación. Por eso, hemos pedido que se cumpla el decreto”, afirmó.
También dijo que la sentencia deberá ser revisada de oficio por un tribunal de alzada, como dijo la Contraloría. “Nadie dijo que no debe revisarse”, aclaró.
PROCESO
El Consejo de la Magistratura no abrirá por el momento ningún proceso de investigación contra el juez que falló a favor de SOBOCE, como lo pidió la Contraloría. Según su presidenta, Cristina Mamani, aún no existe un reglamento de auditorías jurídicas. El mismo, sin embargo, podría aprobarse en esta semana.
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