La polémica sobre la instalación de una fábrica cementera en el departamento de Santa Cruz por parte de Fancesa continúa formando parte del debate público, mientras la decisión del directorio de la empresa se mantiene invariable pese a las objeciones planteadas por la Gobernación, una de las copropietarias de esa industria.
La Gobernación, que suscribió con el Transporte una alianza para evitar a cualquier costa la implementación de la nueva línea de producción de Fancesa fuera del territorio chuquisaqueño, ratificó su posición señalando que cualquier inversión debe priorizarse en la región.
El tema de la implementación de la línea de producción tiende a traspasar los niveles empresariales y se sitúa en medio de la agenda política, pues inclusive sectores afines al Gobernador, como el de los campesinos, advierten con intervenir en el asunto.
Desde el otro lado, el alcalde de Sucre, Moisés Torres, (oposición) expresó su preocupación por la “politización” de las decisiones de la empresa, y acusó al Transporte pesado de haberse alineado con el oficialismo y la Gobernación.
Torres dijo que la iniciativa de instalar una factoría en territorio cruceño responde a un estudio técnico que estableció como “una de las alternativas más viables desde el punto de vista económico”.
Señaló que el estudio estableció un costo de 222 millones de dólares para la ejecución de la nueva línea de producción de Fancesa, y sostuvo que los resultados beneficiarían tanto a las entidades co-propietarias como a la propia región.
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