Mientras instituciones regionales cerraron filas ayer en torno a la necesidad de presentar una apelación para evitar el pago de $us 93.3 millones por el tercio accionario expropiado a SOBOCE, surgieron voces que exigen sancionar la presunta falta de diligencia con la que actuó la Gobernación a la hora de asumir una defensa legal y revertir esta cifra que significaría un reajuste de los proyectos de inversión en los próximos dos o tres años.
Un día después de que el gobernador Esteban Urquizu recibiera la notificación del fallo del Juzgado Séptimo de Partido en lo Civil que dicta el pago de $us 93.3 millones a favor de SOBOCE como pago por el 33,34% de acciones que esta empresa paceña detentaba en la cementera chuquisaqueña, instituciones como el Comité Cívico anticiparon una “defensa social” de esta determinación judicial e instaron al Gobernador a presentar una apelación. “Significan Bs 650 millones que la Gobernación tendría que pagar y tomando en cuenta que el presupuesto de inversión pública está por los Bs 350 millones, la región se quedaría sin un solo centavo (para invertir) los dos siguientes años”, estimó ayer su presidente Milton Barón, quien aseguró que el empresario Samuel Doria Medina pretende “saquear" a Chuquisaca.
En la misma línea, el secretario de relaciones de la Federación Única de Trabajadores de Pueblos Originarios de Chuquisaca (FUTPOCH), Wilber Flores, salió en respaldo de una pronta apelación a la decisión judicial y dio a conocer el inicio de una consulta ciudadana para que los chuquisaqueños digan si están de acuerdo en pagar una suma próxima a los $us 100 millones a favor de Samuel Doria Medina. Desde ayer corren libros recogiendo firmas de adhesión.
La bancada legislativa del Movimiento Al Socialismo (MAS) también se pronunció en la misma línea, en La Paz.
Desde la Asamblea Departamental, Cristian Sanabria y Marco Sahonero también se sumaron al criterio de asumir una defensa jurídico-legal, cuanto antes, que evite un pago de más del triple de la inversión inicial ($us 26 millones) que hizo SOBOCE hace más de una década.
UNIVERSIDAD-SOBOCE
La Gobernación desplegó una campaña informativa para explicar un presunto vínculo legal entre el fallo por el pago de las acciones a SOBOCE con las implicancias del polémico convenio Universidad-Soboce, cuyo supuesto daño económico generado a la cementera local derivaría en una millonaria deuda que SOBOCE, por su parte, debe honrar con la región.
Para el ex rector y actual representante municipal en FANCESA, Jaime Barrón, dicho convenio no tiene "nada que ver" con la obligación de pago que el Decreto 616 le generó a la Gobernación.
A decir de Barrón, la culpable de la deuda de $us 93.3 millones no es la Universidad que firmó un acuerdo de administración con SOBOCE, extinguido en 2007. "El Decreto (616) decía que se valuaría (el 33,34% de acciones), el Gobierno fue el que definió dicho pago, la Gobernación debía poner los obstáculos técnicos necesarios para disover el monto correspondiente, no lo ha hecho, creo que es responsabilidad de la Gobernación el haber tenido negligencia en este tema", enfatizó.
Barrón aseveró además que de acuerdo con los datos del valor de las acciones que presentó SOBOCE, se infiere que FANCESA actualmente costaría $us 280 millones, lo que significaría que "ha incrememntado su valor sustancialmente". No obstante, criticó que la Gobernación no haya expuesto su propia valuación de lo que considera que debería pagarse por las acciones e impedir que prime el criterio de SOBOCE.
Empresarios
El presidente de la CEPB, Daniel Sánchez, exteriorizó su preocupación por la resistencia a cumplirse un fallo judicial.
Confederación de Empresarios expresa preocupación
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