La ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, afirmó que la Gobernación de Chuquisaca no debe pagar 93,3 millones de dólares a la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) por la nacionalización de un tercio de las acciones que poseía en la Fábrica de Cemento Sucre (Fancesa).
El juez séptimo de Instrucción en lo Civil de Sucre emitió un fallo la semana pasada en el que establece el pago de la suma mencionada más 6% anual de interés, haciendo un total de 104,8 millones de dólares.
Fancesa fue nacionalizada el 1 de septiembre de 2010 y el Gobierno no ha procedido a hacer un pago por las acciones que tenía Soboce, que es de propiedad del opositor Samuel Doria Medina.
Ayllón asegura que no se han cumplido las condiciones establecidas en el Decreto Supremo 0616 para hacer el pago.
“De ninguna manera (se debe pagar), tenemos un decreto supremo que establece dos condiciones; la primera es que se llame a una empresa independiente a que haga un avalúo, que ya está cumplida, y la segunda, y previamente al pago, se vea todo lo que significan las deudas, contingencias y obviamente descontando todo lo que significan ellas se hace el pago”, manifestó.
Ayllón sugirió a las autoridades de la Gobernación chuquisaqueña agotar todas las vías legales hasta llegar incluso a las instancias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para revertir la determinación de un juez que agilizó el fallo, “ocasionando un gran daño económico” al Estado y al departamento de Chuquisaca.
La ministra lamentó las “polaridades” de la justicia, haciendo notar que algunas autoridades de este órgano agilizan algunos procesos, como el caso de Soboce, y que en otros se cae en retardación de justicia.
Soboce informó que el martes 16 de abril fue notificada con la sentencia, que declara probada su demanda en el proceso seguido contra el gobierno autónomo de Chuquisaca por la falta de pago tras la nacionalización de sus acciones en Fancesa.
De acuerdo con la sentencia, la Gobernación debió pagar el citado monto a Soboce una vez transcurridos los 180 días de la expropiación, según dispone el Decreto Supremo 0616, que se cumplió el 1 de abril de 2011.
La Gobernación rechazó el fallo y anunció que lo apelará.
Hoy se cumplen 973 días desde la confiscación del paquete accionario de la cementera, que tiene su principal planta en Viacha.
En el Decreto 0616, el Gobierno se comprometió a efectuar una valuación de las acciones y a pagar una compensación al cumplirse 180 días después de la medida.
Según Soboce, la Gobernación de Chuquisaca cuenta desde el 25 de febrero de 2011 con la valuación, por lo que envió innumerables cartas mediante las cuales pidió que se le informara sobre ese estudio. La Gobernación nunca procedió con el pago.
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