El gobernador Esteban Urquizu condicionó ayer el pago por la nacionalización de la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (FANCESA), que debe hacerse a la Sociedad Boliviana de Cemento (SOBOCE), al pago de una supuesta deuda que tendría el empresario Samuel Doria Medina con la Capital.
El Decreto Supremo 616, del 1 de septiembre de 2010, determina la reversión del 33,34% de las acciones de FANCESA a favor de la Gobernación de Chuquisaca. Asimismo, se establece en el decreto el pago del paquete accionario que SOBOCE poseía en FANCESA en un plazo de 180 días, lo cual, a la fecha, no se ha cumplido.
"Estamos conscientes que a través del Decreto Supremo se le debe cancelar, pero mientras tenga deudas pendientes con el Departamento no se le puede cancelar (…). Cualquiera (sea el fallo), salga el proceso a favor o en contra, seguro en algún momento vamos a sentarnos con el señor Doria Medina para decir cuánto se le debe", manifestó Urquizu.
En una anterior oportunidad, el Gobernador dijo que identificaron varias irregularidades en los años en que Doria Medina fue accionista de FANCESA, referidos al tema de dividendos y ganancias, dinero que cuantificó en Bs 256 millones que el empresario "tiene que devolver" a la factoría.
El Gobernador, en la rueda de prensa que brindó ayer en La Paz, en inmediaciones de plaza Murillo, explicó que incluso este año se habría presupuestado en el Programa Operativo Anual (POA) la suma de un Bs 1 millón, en caso de que se hubiera llegado a un acuerdo con los empresarios de SOBOCE. A ello se suma un plan de pagos que habría sido rechazado.
El 18 de abril pasado el Juzgado Séptimo de Partido en lo Civil del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca declaró probada la demanda interpuesta por SOBOCE en contra de la Gobernación de Chuquisaca por el incumplimiento del Decreto Supremo 616.
Según la sentencia, la Gobernación debe pagar algo más de $us 93,3 millones por el 33,34% de sus acciones revertidas en Fancesa. La Gobernación apeló la determinación y ahora espera por la nueva sentencia, ya que considera que el trámite no debió ventilarse en un estrado judicial. ANF
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