La Procuraduría General del Estado pidió ayer que se anule el fallo de un juez de Sucre que ordenó que la Gobernación le pague a Soboce 94 millones de dólares por la nacionalización de Fancesa.
La Procuraduría afirmó, en una nota de prensa, que “pidió que se eleve en consulta ante el superior (del juez) para que, previa revisión exhaustiva de los actuados procesales, en especial la falta de competencia en razón de materia con la que actuó el juez Fernando Avilés, se disponga la nulidad de todo lo obrado, incluida la ilegal sentencia dictada sin competencia, condenando a un exorbitante monto en detrimento de los intereses del Estado”.
Además, asegura que el 17 de mayo de 2013 la Procuraduría presentó una denuncia penal ante el fiscal general por el delito de prevaricato contra el mencionado juez, por emitir la sentencia que ordena a la Gobernación de Chuquisaca hacer el pago.
“El gobernador Esteban Urquizu, el 23 de mayo, a instancias de la Procuraduría, dijo que la ilegal imposición de costas por el pago de honorarios de los abogados de Soboce (más de 18 millones de dólares) no correspondía, toda vez que el artículo 39 de la Ley 1178 dispone que los procesos administrativos y judiciales, en ninguno de sus grados e instancias, darán lugar a condena de costas y honorarios profesionales en contra del Estado, corriendo éstos a cargo de las respectivas partes del proceso”, dice la nota.
Mediante sentencia emitida el 15 de abril, el juez séptimo de Partido en lo Civil de Sucre declaró probada la demanda de Soboce en el proceso seguido contra la Gobernación de Chuquisaca y ordenó el pago de 94 millones de dólares, más intereses. La suma total está alrededor de 104 millones de dólares.
El 1 de septiembre de 2010 el Gobierno de Evo Morales confiscó el 33,3% de las acciones que tenía Soboce en Fancesa, una empresa cementera situada en Sucre. En el decreto supremo de requisa de las acciones se establece que el Estado pagaría por ellas en un plazo de 180 días, que ya ha sido sobrepasado ampliamente. Soboce, en un arte de prensa, recordó que ayer se cumplieron 1.008 días desde la nacionalización.
El Ejecutivo y la Gobernación de Chuquisaca rechazaron el fallo del juez, anunciaron que apelarán la decisión y que no pagarán la indemnización a Soboce, cuyo principal propietario es Samuel Doria Medina, jefe del partido opositor UN.
Página Siete se comunicó con el gerente general de Soboce, Armando Gumucio, para conocer un criterio sobre el pronunciamiento de la Procuraduría. El ejecutivo se limitó a señalar: “No podemos emitir criterios sobre disposiciones judiciales ni tampoco sobre acciones que realicen las instituciones públicas; sin embargo, consideramos que este tema no afecta la sentencia del juez séptimo”.
Los antecedentes
Norma De acuerdo con la sentencia del juez séptimo de Sucre, la Gobernación de Chuquisaca debió pagar 93 millones de dólares a Soboce una vez transcurridos los 180 días de la expropiación, según dispone el DS 0616. Hasta ayer pasaron 1.008 días desde la confiscación del 33,3% de participación que tenía Soboce en Fancesa.
Informe En el decreto 0616 el Gobierno se comprometió a efectuar una valuación de las acciones y a pagar una justa compensación por esa participación expropiada. Según Soboce, la Gobernación de Chuquisaca ya contaba el 25 de febrero de 2011 con tal valuación, pero nunca dio a conocer el estudio.
Decisión El gobernador de Chuquisaca dijo que “no pagará” el monto fijado por el juez.
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