La denuncia formal fue presentada el 17 de mayo de este año ante la Fiscalía.
La Procuraduría pide elevar en consulta la sentencia emitida por el Juez.
El caso se refiere a la demanda de Soboce por las acciones que tenía en Fancesa.
El Procurador General del Estado, Hugo Montero Lara, presentó una denuncia penal por la comisión del delito de prevaricato en contra del juez séptimo de Partido en lo Civil y Comercial de Sucre, Fernando Rilbert Avilés, quien emitió la Sentencia 18/2013, que obliga al Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca el pago de costas en favor de los abogados de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce).
La denuncia penal, según el procurador Montero, fue presentada ante la Fiscalía General del Estado.
La autoridad judicial admitió el 23 de mayo, ante la PGE, que no correspondía la imposición de costas por honorarios de los abogados de Soboce (más de $us 18 millones), ya que el art. 39 de la Ley 1178 (de Administración y Control Gubernamentales) dispone que los procesos administrativos y judiciales, en ninguno de sus grados e instancias, darán lugar a condena de costas y honorarios profesionales en contra del Estado, corriendo éstos a cargo de las respectivas partes del proceso.
El antecedente radica en que mediante sentencia del 15 de abril de 2013 se declara probada la demanda interpuesta por Soboce contra el Gobierno Departamental de Chuquisaca, condenando al pago de 93.000.000 de dólares con imposición de daños y perjuicios más costas.
La PGE pidió también que se eleve en consulta, ante el superior en grado, para que previa revisión exhaustiva de los actuados procesales, en especial la falta de competencia en razón de materia con la que actuó el juez, se disponga la nulidad de todo lo obrado, incluida la ilegal sentencia.
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